Sunday, 15 May 2011

Aumenta riesgo penal en Reino Unido para la empresa española



Con la nueva ley, las 250 compañías españolas en el país tendrán que acreditar medidas preventivas contra la corrupción si quieren evitar una posible responsabilidad penal a sus filiales, o incluso a la matriz.

Aumentan las exigencias para las compañías españolas que realicen una actividad económica en Reino Unido, más de 250 según refleja el Instituto de Comercio Exterior (ver cuadro). Con la entrada en vigor el próximo 1 de julio de la Ley británica contra la corrupción (UK Brivery Act), aprobada en marzo de 2010, se moderniza la antigua y dispersa normativa inglesa que databa de 1889.
La nueva norma establece como delitos el ofrecimiento y la aceptación de sobornos tanto por parte de funcionarios –el denominado cohecho en nuestro país– como entre particulares. Y al igual que ya hiciera la reforma del Código Penal español que entró en vigor el pasado diciembre, la ley británica introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pero hay un elemento muy novedoso en esta legislación. Una de las consecuencias que más afectan a las empresas con negocios en Reino Unido, es que a diferencia de en España, donde realizar medidas de prevención de corrupción podría eximir la pena –habrá que esperar a que se pronuncien los jueces–, el legislador británico ha añadido que la empresa será penalmente responsable si no ha dispuesto de los procedimientos adecuados para impedir que un empleado, directivo o personas asociadas desarrollen esa conducta en su nombre o beneficio.

El ámbito de la Ley también es extraordinario. Como explican los abogados de Hogan Lovells, José Luis Huerta –socio director en España– y Jeremy Cole –responsable mundial de Investigaciones– “bastará con que parte del negocio de una empresa se haya desarrollado en el Reino Unido para que se le extienda la aplicación de la Ley. Y aunque el soborno se haya producido en un tercer país y no afecte directamente a la actividad desarrollada en suelo británico”. Es decir, la aplicación de la Ley a una empresa española, “sólo dependerá de su influencia en la actividad del ente que actúe en Reino Unido”.


Ante el peligro que suponía que las compañías extranjeras vieran con recelo entrar en territorio británico para desarrollar actividades comerciales, y ante las presiones ejercidas por grupos empresariales, el Gobierno publicó el pasado 30 de marzo una guía sobre la Ley de Corrupción, que despeja algunas dudas sobre las conductas perseguidas y da recomendaciones a empresas para evitar las penas (ver apoyo). Destaca por ejemplo, que las due dilligence tendrán que ser más exhaustivas porque la empresa que compra otra hereda la responsabilidad penal que pudiera tener ésta por alguna conducta anterior.
Pero el peligro para las compañías españolas con actividad comercial en Gran Bretaña va más allá de que sus filiales puedan ser condenadas por corrupción, por no tomar las medidas adecuadas de prevención. Puede llegar a multas ilimitadas para las empresas y prisión hasta diez años para las personas físicas.
El problema se agrava como manifiesta Rafael Jiménez-Gusi, socio y responsable de Compliance de Baker & McKenzie, “porque la Fiscalía británica ha adoptado una interpretación restrictiva en a aplicación extraterritorial y especifica que si considerase que la sociedad matriz realiza una actividad económica en Reino Unido, ya sea directa o indirectamente (mediante una filial, agente o distribuidor) sí que perseguirá a ésta ya sea por actos de corrupción o por no adoptar medidas para prevenir que dichos actos se realicen en su nombre y beneficio”. Habrá que seguir la jurisprudencia británica al respecto.

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